La presente es una conferencia presentada ante la Comisión de Derechos Humanos en la ONU dentro del marco de la procuración de Justicia y la no intervención Judicial de los Estados Unidos en las políticas judiciales Internacionales. La representación de México estaba presente, por lo que extiendo este llamado como una carta a los mexicanos, ante el clamor de que el gobierno de los Estados Unidos no intervenga en los temas de justicia en su país:
Señor presidente de la Asamblea General, señor secretario general, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores ministros, señoras y señores embajadores, señoras y señores:
En ocasiones anteriores me he dirigido a ustedes en el marco de las acciones que permiten reconocer, trabajar y resolver los problemas del crimen cibernético en los países desarrollados. La labor del escuadrón en donde el desarrollo trabajo profesional, además del trabajo de campo, consiste en acudir a las escuelas a explicar a los jóvenes que las acciones que buscan humillar, lastimar, robar o dañar a terceros, va en contra de la lucha por la Paz que los sistemas de Justicia a nivel Mundial emprenden y de las acciones que a nivel Mundial buscan dignificar a los gobiernos justos. En este sentido, el discurso ha girado siempre en torno a la confianza en el Sistema Judicial, la paz y la procuración imparcial y equitativa de justicia entre las personas.
El caso que les relataré el día de hoy, sin embargo, abre la puerta a un problema aún mayor, en países donde la corrupción es el arma de cambio. Es por ello que me permitiré relatar los hechos que sirven como ejemplo a las acciones emprendidas por diversos escuadrones en los Estados Unidos.
El 17 de diciembre del año 2010, a través de la policía de Kansas City, KS, se solicita al departamento de crimen cibernético y tecnológico la identificación de direcciones IP, y análisis de mensajes electrónicos que habían sido generadas en México. El caso se abría en esa Ciudad debido a una acusación hecha por un ciudadano de los Estados Unidos en contra de una persona que laboraba en la Ciudad de México, MX.
El caso sin embargo, no se ventilaba en los estrados, sino en los medios de comunicación. El asunto se da a conocer específicamente en la revista dirigida por un historiador que no tiene noción de las leyes ni de periodismo llamado Héctor Aguilar Camín y otros seudoperiodistas que repitieron la nota, entre otros,
Gerardo Esquivel que es economista, Fernando Escalante, que resulta ser un sociólogo y una doctora en ciencia políticas de nombre Denise Maerker.
El tema es la acusación, sin pruebas, provenía de un ciudadano de los Estados Unidos en contra de una residente legal del mismo país que durante los últimos 4 meses había trabajado en México, después de una estancia de un año en una ciudad al norte de los Estados Unidos.
Al realizar los protocolos de análisis se encontró que los mensajes electrónicos que se sometieron a estudio habían sido generados en México y se realizó un reporte de los hallazgos. Al mismo tiempo, en preparación para acciones legales que se supusieron procederían, se ubicó a la entonces "señalada", haciendo notar que había vivido durante más de un año en los Estados Unidos, y se realizó un rastreo de sus actividades en línea.
Se generó un reporte que fue girado tanto al abogado que solicitó la información, como a los jefes inmediatos de la Indiciada en México, que laboraba en una Instancia Universitaria.
Queremos hacer notar que no había demanda legal en su contra, solo se preparaba una respuesta en caso de que existiera un proceso judicial en su contra. Finalmente, ¿en qué país la opinión de los medios de comunicación sirven en los procesos legales?.
Entre el 16 de diciembre y durante los días subsecuentes, se comenzaron a recibir mensajes anónimos humillantes en las cuentas electrónicas de la "señalada", por lo que se inició un proceso judicial bajo la sospecha de ciber acoso internacional.
En enero del año 2011 la "señalada" regresa a México a enfrentarse a los jefes de la Universidad, quienes debido a la acusación en los medios, hago notar que "nunca" hubo acción legal, se gira el caso a una "comisión" que buscaba determinar el grado de participación en la acusación hecha en la revista Nexos que es el medio que detona el tema.
La Comisión consta de una maestra de matemáticas de nombre Silvia Alatorre Frenk, un Psicólogo que responde a Procoro Millán Benitez y un historiador llamado Victor Gómez Gerardo. Un oficio es presentado a la Comunidad Universitaria en donde se incluyen los nombres de otras personalidades que responden al nombre de Joaquín Hernández González, Imelda González Mecalco que en ese momento fungían como jefes admanistrativos y académicos inmediatos en el momento de los actos que aquí se relatan.
Esta comisión se encuentra en una sola ocasión con la "señalada" como consta en grabación de audio de la reunión con duración de 19 minutos y se les hacen 5 preguntas y una acusación.
Cabe mencionar que cómo dos jueces señalaron, aun cuando la "señalada" hace notar que cuenta con representación legal y que se le ha recomendado no hablar del caso, la voz identificada en base audio externo y que responde al nombre de Víctor Gómez Gerardo, le indica que esa reunión no era para acusarla, que solo buscaban conocer un poco más los hechos que llevaban a la situación a la que se estaba enfrentando y que deseaban ayudarla.
La acusación final la hace la voz que se identifica por audio externo como Procoro Millán y le grita: ¿porqué lo hiciste? y sin permitir que responda le da las supuestas razones de los actos que se imputan.
En una reunión improvisada entre la "señalada" y un colega de la Institución, la cual es grabada en audio, se identifica mediante audio externo la voz de Cuauhtémoc Gerardo Pérez López, y de quien se escucha la amenaza clara de que no acuda en busca de asistencia legal, pues las consecuencias "serán graves".
El día 10 de Febrero de 2011, se levanta a la señalada un "acta administrativa" en las instalaciones del centro laboral que en términos legales de la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Trabajadores del Estado en Mx, era improcedente, además de que no se permite asistencia legal a la señalada como consta en la propia acta entregada en propia mano. En dicho documento, se señala su despido inmediato por Inasistencia injustificada y sin permiso a sus labores académicas, aun cuando el jefe inmediato entregó las actas de asistencia de la trabajadora y no faltaba una sola firma. Cabe señalar que no se relaciona con el remolino en las redes sociales.
El 14 de Febrero de 2011 la Rectora del plantel Universitario, la sociologa Sylvia B. Ortega Salazar, en una reunión pública hace el anuncio oficial y la "señalada" en las redes sociales es despedida.
La "señalada" regresó a los Estados Unidos, que como consta en sus huellas cibernéticas y en su estado migratorio, ha tenido residencia legal desde el año de 2007, y había viajado en repetidas ocasiones a laborar en México en dos instituciones de Educación Superior.
El análisis posterior de la conducta en dos puestos de trabajo muestran que la "señalada" nunca faltó a las labores académicas sin justificación en 15 años de labores en una importante institución pública educativa y en la institución de la cual fue apartada de sus labores, el expediente muestra cero inasistencias injustificadas durante 10 años de labores.
Hasta aquí, señores delegados, Sr. Presidente de México, Enrique Peña Nieto, comprendemos que haya una confusión terrible entre las leyes, la opinión pública y la procuración de justicia por parte de los ciudadanos mexicanos, y sin duda existen muchos casos como éste en México aunque no tenemos porque interferir aun cuando se permita que cualquiera tome la ley por su mano, como en la época de las cavernas. Finalmente, este caso era uno más de las redes sociales.
Nuestra intervención comienza cuando distintos medios y ciudadanos a nuestro resguardo, comienzan a recibir mensajes no solicitados con el fin único fin de humillar a la "señalada" por el caso desencadenado en Mx. Notamos actividad constante en sus cuentas de correo electrónico con lo cual se pasó de una simple acusación, a un acoso cibernético.
Nuestra actuación comienza para encontrar al acosador, quien usa diferentes nombres y cuentas de correo electrónico y que nos permite darle seguimiento como un ejemplo del actuar de las víctimas. Los blancos fueron editores, amigos, familiares y la propia víctima, con amenazas de muerte, mensajes humillantes en diferentes medios sociales.
Aqui solo un ejemplo de los mensajes que se generan desde la Universidad Pedagógica Nacional:
Todos quienes tenían contacto directa o indirectamente, recibían mensajes, escribió notas en diferentes foros, aquí me permito señalar que el caso fue dado a conocer en otra reunión y a la pregunta expresa de ¿porqué no se brindó asistencia de parte de la Comisión de Derechos Humanos en México?, señalamos que se solicitó la participación de dicho organismo, mismo que perdió en dos ocasiones el expediente y finalmente informó que si la parte acusadora no residía en México, no era posible prestar el servicio.
En México, Denise Maerker, que se dice periodista a pesar de no tener estudios sobre el tema, continua el acoso en las redes, aun cuando al igual que el resto de los seudo periodistas, NUNCA tuvo contacto con la víctima y sus alegatos fueron demostrados como falsos por la Comisión de Justicia y equidad del Gran Tribunal de Justicia en los Estados Unidos, quienes solicitaron diversas pruebas de la participación de la víctima en el tema de la acusación, demostrando en base a diferentes pruebas tanto forenses, cibernéticas y de personalidad observadas por los jueces que la acusación no fundamentos legales.
A pregunta expresa con los seudo periodistas de si había existido el derecho de réplica o se habían entrevistado con la víctima, uno de ellos respondió que "no era necesario, todo estaba en Internet":
La víctima quedó a nuestro resguardo, y después de casi tres años de persecución cibernética y gracias a la obsesión de su perseguidor, logramos dos identificaciones faciales gracias a videos obtenidos por un restaurante desde donde enviaba los mensajes, y que fueron facilitados por el propio sitio público.
El nombre del acosador/victimario, ha sido identificado desde diferentes protocolos incluyendo como menciono, identificaciones faciales, y electrónicas aun cuando usa distintos nombres, cuentas electrónicas y ha enviado múltiples mensajes no solicitados a ciudadanos de los Estados Unidos con el fin único de humillar y amenazar de muerte, y el culpable es Un psicologo que sigue dando clases.
Se hace todo este recuento para dejar claro que no es el narcotráfico, ni la pobreza quienes hacen de lado la procuración de justicia en México. Son las altas elites quienes olviden acudir a las instancias de Ley.
Me disculpo señores delegados por brindar tantos detalles de un caso que de primera vista no tendría mayor trascendencia, pero que en el marco de la Procuración de Justicia es peculiarmente peligroso, pues cuando los economistas, historiadores, maestros de matemáticas, sociólogos y psicólogos toman la ley en sus manos, sin recurrir a las instancias específicas, nos abren la puerta para que nosotros participemos en base a las Leyes Internacionales para proteger a nuestros ciudadanos.
En este sentido, Señores Delegados, Sr. Presidente de México, Enrique Peña Nieto, no hay duda que las acciones en el marco de los Derechos Humanos y la procuración de Justicia no se relacionan con los recursos económicos disponibles para tal fin. Cuando se revisan las Leyes Mexicanas, es claro que existe el marco de derecho necesaria, tampoco es un tema de creación de programas educativos subsecuentes, no es a los niños a quienes debemos hacer notar que existen leyes, es a los profesionistas de alto nivel, con doctorados y puestos importantes. Es a quienes dan la cara al público.
Pido en este sentido, que deje afirmarse que los Estados Unidos interviene en la Justicia de los demás países, pues cuando éstos tengan la voluntad ciudadana de creer en sus propios sistemas judiciales, nosotros, podremos dejar de proteger a nuestra población.
Muchas gracias.
Aqui más sobre este caso
Violencia contra las mujeres
Descubriendo al acosador
Justicia por propia mano
Señor presidente de la Asamblea General, señor secretario general, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores ministros, señoras y señores embajadores, señoras y señores:
En ocasiones anteriores me he dirigido a ustedes en el marco de las acciones que permiten reconocer, trabajar y resolver los problemas del crimen cibernético en los países desarrollados. La labor del escuadrón en donde el desarrollo trabajo profesional, además del trabajo de campo, consiste en acudir a las escuelas a explicar a los jóvenes que las acciones que buscan humillar, lastimar, robar o dañar a terceros, va en contra de la lucha por la Paz que los sistemas de Justicia a nivel Mundial emprenden y de las acciones que a nivel Mundial buscan dignificar a los gobiernos justos. En este sentido, el discurso ha girado siempre en torno a la confianza en el Sistema Judicial, la paz y la procuración imparcial y equitativa de justicia entre las personas.
El caso que les relataré el día de hoy, sin embargo, abre la puerta a un problema aún mayor, en países donde la corrupción es el arma de cambio. Es por ello que me permitiré relatar los hechos que sirven como ejemplo a las acciones emprendidas por diversos escuadrones en los Estados Unidos.
El 17 de diciembre del año 2010, a través de la policía de Kansas City, KS, se solicita al departamento de crimen cibernético y tecnológico la identificación de direcciones IP, y análisis de mensajes electrónicos que habían sido generadas en México. El caso se abría en esa Ciudad debido a una acusación hecha por un ciudadano de los Estados Unidos en contra de una persona que laboraba en la Ciudad de México, MX.
El caso sin embargo, no se ventilaba en los estrados, sino en los medios de comunicación. El asunto se da a conocer específicamente en la revista dirigida por un historiador que no tiene noción de las leyes ni de periodismo llamado Héctor Aguilar Camín y otros seudoperiodistas que repitieron la nota, entre otros,
Gerardo Esquivel que es economista, Fernando Escalante, que resulta ser un sociólogo y una doctora en ciencia políticas de nombre Denise Maerker.
El tema es la acusación, sin pruebas, provenía de un ciudadano de los Estados Unidos en contra de una residente legal del mismo país que durante los últimos 4 meses había trabajado en México, después de una estancia de un año en una ciudad al norte de los Estados Unidos.
Al realizar los protocolos de análisis se encontró que los mensajes electrónicos que se sometieron a estudio habían sido generados en México y se realizó un reporte de los hallazgos. Al mismo tiempo, en preparación para acciones legales que se supusieron procederían, se ubicó a la entonces "señalada", haciendo notar que había vivido durante más de un año en los Estados Unidos, y se realizó un rastreo de sus actividades en línea.
Se generó un reporte que fue girado tanto al abogado que solicitó la información, como a los jefes inmediatos de la Indiciada en México, que laboraba en una Instancia Universitaria.
Queremos hacer notar que no había demanda legal en su contra, solo se preparaba una respuesta en caso de que existiera un proceso judicial en su contra. Finalmente, ¿en qué país la opinión de los medios de comunicación sirven en los procesos legales?.
Entre el 16 de diciembre y durante los días subsecuentes, se comenzaron a recibir mensajes anónimos humillantes en las cuentas electrónicas de la "señalada", por lo que se inició un proceso judicial bajo la sospecha de ciber acoso internacional.
En enero del año 2011 la "señalada" regresa a México a enfrentarse a los jefes de la Universidad, quienes debido a la acusación en los medios, hago notar que "nunca" hubo acción legal, se gira el caso a una "comisión" que buscaba determinar el grado de participación en la acusación hecha en la revista Nexos que es el medio que detona el tema.
La Comisión consta de una maestra de matemáticas de nombre Silvia Alatorre Frenk, un Psicólogo que responde a Procoro Millán Benitez y un historiador llamado Victor Gómez Gerardo. Un oficio es presentado a la Comunidad Universitaria en donde se incluyen los nombres de otras personalidades que responden al nombre de Joaquín Hernández González, Imelda González Mecalco que en ese momento fungían como jefes admanistrativos y académicos inmediatos en el momento de los actos que aquí se relatan.
Esta comisión se encuentra en una sola ocasión con la "señalada" como consta en grabación de audio de la reunión con duración de 19 minutos y se les hacen 5 preguntas y una acusación.
Cabe mencionar que cómo dos jueces señalaron, aun cuando la "señalada" hace notar que cuenta con representación legal y que se le ha recomendado no hablar del caso, la voz identificada en base audio externo y que responde al nombre de Víctor Gómez Gerardo, le indica que esa reunión no era para acusarla, que solo buscaban conocer un poco más los hechos que llevaban a la situación a la que se estaba enfrentando y que deseaban ayudarla.
La acusación final la hace la voz que se identifica por audio externo como Procoro Millán y le grita: ¿porqué lo hiciste? y sin permitir que responda le da las supuestas razones de los actos que se imputan.
En una reunión improvisada entre la "señalada" y un colega de la Institución, la cual es grabada en audio, se identifica mediante audio externo la voz de Cuauhtémoc Gerardo Pérez López, y de quien se escucha la amenaza clara de que no acuda en busca de asistencia legal, pues las consecuencias "serán graves".
El día 10 de Febrero de 2011, se levanta a la señalada un "acta administrativa" en las instalaciones del centro laboral que en términos legales de la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Trabajadores del Estado en Mx, era improcedente, además de que no se permite asistencia legal a la señalada como consta en la propia acta entregada en propia mano. En dicho documento, se señala su despido inmediato por Inasistencia injustificada y sin permiso a sus labores académicas, aun cuando el jefe inmediato entregó las actas de asistencia de la trabajadora y no faltaba una sola firma. Cabe señalar que no se relaciona con el remolino en las redes sociales.
El 14 de Febrero de 2011 la Rectora del plantel Universitario, la sociologa Sylvia B. Ortega Salazar, en una reunión pública hace el anuncio oficial y la "señalada" en las redes sociales es despedida.
La "señalada" regresó a los Estados Unidos, que como consta en sus huellas cibernéticas y en su estado migratorio, ha tenido residencia legal desde el año de 2007, y había viajado en repetidas ocasiones a laborar en México en dos instituciones de Educación Superior.
El análisis posterior de la conducta en dos puestos de trabajo muestran que la "señalada" nunca faltó a las labores académicas sin justificación en 15 años de labores en una importante institución pública educativa y en la institución de la cual fue apartada de sus labores, el expediente muestra cero inasistencias injustificadas durante 10 años de labores.
Hasta aquí, señores delegados, Sr. Presidente de México, Enrique Peña Nieto, comprendemos que haya una confusión terrible entre las leyes, la opinión pública y la procuración de justicia por parte de los ciudadanos mexicanos, y sin duda existen muchos casos como éste en México aunque no tenemos porque interferir aun cuando se permita que cualquiera tome la ley por su mano, como en la época de las cavernas. Finalmente, este caso era uno más de las redes sociales.
Nuestra intervención comienza cuando distintos medios y ciudadanos a nuestro resguardo, comienzan a recibir mensajes no solicitados con el fin único fin de humillar a la "señalada" por el caso desencadenado en Mx. Notamos actividad constante en sus cuentas de correo electrónico con lo cual se pasó de una simple acusación, a un acoso cibernético.
Nuestra actuación comienza para encontrar al acosador, quien usa diferentes nombres y cuentas de correo electrónico y que nos permite darle seguimiento como un ejemplo del actuar de las víctimas. Los blancos fueron editores, amigos, familiares y la propia víctima, con amenazas de muerte, mensajes humillantes en diferentes medios sociales.
Aqui solo un ejemplo de los mensajes que se generan desde la Universidad Pedagógica Nacional:
Todos quienes tenían contacto directa o indirectamente, recibían mensajes, escribió notas en diferentes foros, aquí me permito señalar que el caso fue dado a conocer en otra reunión y a la pregunta expresa de ¿porqué no se brindó asistencia de parte de la Comisión de Derechos Humanos en México?, señalamos que se solicitó la participación de dicho organismo, mismo que perdió en dos ocasiones el expediente y finalmente informó que si la parte acusadora no residía en México, no era posible prestar el servicio.
En México, Denise Maerker, que se dice periodista a pesar de no tener estudios sobre el tema, continua el acoso en las redes, aun cuando al igual que el resto de los seudo periodistas, NUNCA tuvo contacto con la víctima y sus alegatos fueron demostrados como falsos por la Comisión de Justicia y equidad del Gran Tribunal de Justicia en los Estados Unidos, quienes solicitaron diversas pruebas de la participación de la víctima en el tema de la acusación, demostrando en base a diferentes pruebas tanto forenses, cibernéticas y de personalidad observadas por los jueces que la acusación no fundamentos legales.
A pregunta expresa con los seudo periodistas de si había existido el derecho de réplica o se habían entrevistado con la víctima, uno de ellos respondió que "no era necesario, todo estaba en Internet":
La víctima quedó a nuestro resguardo, y después de casi tres años de persecución cibernética y gracias a la obsesión de su perseguidor, logramos dos identificaciones faciales gracias a videos obtenidos por un restaurante desde donde enviaba los mensajes, y que fueron facilitados por el propio sitio público.
El nombre del acosador/victimario, ha sido identificado desde diferentes protocolos incluyendo como menciono, identificaciones faciales, y electrónicas aun cuando usa distintos nombres, cuentas electrónicas y ha enviado múltiples mensajes no solicitados a ciudadanos de los Estados Unidos con el fin único de humillar y amenazar de muerte, y el culpable es Un psicologo que sigue dando clases.
Se hace todo este recuento para dejar claro que no es el narcotráfico, ni la pobreza quienes hacen de lado la procuración de justicia en México. Son las altas elites quienes olviden acudir a las instancias de Ley.
Me disculpo señores delegados por brindar tantos detalles de un caso que de primera vista no tendría mayor trascendencia, pero que en el marco de la Procuración de Justicia es peculiarmente peligroso, pues cuando los economistas, historiadores, maestros de matemáticas, sociólogos y psicólogos toman la ley en sus manos, sin recurrir a las instancias específicas, nos abren la puerta para que nosotros participemos en base a las Leyes Internacionales para proteger a nuestros ciudadanos.
En este sentido, Señores Delegados, Sr. Presidente de México, Enrique Peña Nieto, no hay duda que las acciones en el marco de los Derechos Humanos y la procuración de Justicia no se relacionan con los recursos económicos disponibles para tal fin. Cuando se revisan las Leyes Mexicanas, es claro que existe el marco de derecho necesaria, tampoco es un tema de creación de programas educativos subsecuentes, no es a los niños a quienes debemos hacer notar que existen leyes, es a los profesionistas de alto nivel, con doctorados y puestos importantes. Es a quienes dan la cara al público.
Pido en este sentido, que deje afirmarse que los Estados Unidos interviene en la Justicia de los demás países, pues cuando éstos tengan la voluntad ciudadana de creer en sus propios sistemas judiciales, nosotros, podremos dejar de proteger a nuestra población.
Muchas gracias.
Aqui más sobre este caso
Violencia contra las mujeres
Descubriendo al acosador
Justicia por propia mano
